Si un juez no resuelve a mi favor, es corrupto…

luevanorbc

RP

TIJUANA, BC.-Resulta preocupante la declaración de Raúl Felipe Luévano Ruíz, secretario de gobierno del XXII Ayuntamiento, respecto a la resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California (TCABC) en la que se ordena al gobierno municipal la suspensión provisional de la cancelación de sitio de los Taxis Amarillos en la garita de San Ysidro.

Pues al afirmar que no se va a acatar la resolución de la magistrada Flora Arguilés Robert, porque está plagada de irregularidades y calificarla como un acto de corrupción no solo se daña la imagen de una magistrada, sino de una institución.

¿Por qué Raúl Felipe acusa de corrupta a la magistrada? ¿Por qué cuando la resolución de un magistrado les favorece, sí actuaron bien los jueces y cuando no resuelven a su favor, señalan que hay corrupción?

En este caso, también valdría la pena analizar si el operativo que se realizó el pasado 4 de julio en la salida de la garita de San Ysidro estuvo apegado a derecho o se violentaron los derechos de los integrantes del gremio de Taxis Amarillos.

Porque quizá, la resolución en contra del gobierno municipal (no en contra de los tijuanenses, como lo declara el secretario de gobierno) es el resultado de no actuar conforme lo marca el Reglamento de Transporte Público para la ciudad.

Lo cierto es que el secretario de gobierno, hizo una declaración que lo deja mal parado. Porque el ejemplo que da a la sociedad, es que no importan las resoluciones judiciales, hay que desacatarlas, prácticamente mandó al diablo a las instituciones (en este caso al TCABC).

De verdad el gremio de los Taxis Amarillos, es tan perjudicial para la sociedad o son los intereses de grupos transportistas que apoyaron la campaña de Juan Manuel Gastélum Buenrostro, son los que están detrás de este montaje.

El problema no es solo el gremio de los Taxis Amarillos, son los Azul y Blanco, los Rojo con Negro, Altisa, Calfia, los taxis libres y todos aquellos que se oponen a la modernización del transporte público, los que anteponen los intereses grupales y gremiales a los de los tijuanenses.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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