Por ineficientes recurren al Congreso, finalmente el PAN es mayoría…

rflrmxli

Si tenemos mayoría blanquiazul en el Congreso, pues hay que aprovecharla, esa seguramente es la lógica con la que actuó el secretario de gobierno de Tijuana, Raúl Felipe Luévano Ruíz, al saber que legalmente no podrán demostrar que actuaron con apego a derecho al retirar de la línea de San Ysidro el sitio del gremio de Taxis Amarillos.

Es que no es la primera ocasión que la autoridad municipal exhibe su incapacidad en materia jurídica, por lo que esta vez, prefirió solicitar juicio político o destitución de la magistrada Flora Arguilés Robert, titular de la segunda sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Baja California (TCABC) a ganar con argumentos legales “la batalla” en la que se enfrascaron con la licenciada.

En este asunto, el secretario de gobierno del municipio, Raúl Felipe Luévano Ruiz, no se ha cansado de acusar de corrupta a la magistrada Arguilés Robert, lo irónico es que no ha presentado una sola prueba de las supuestas corruptelas.

Y es que el operativo que realizaron las autoridades de Vialidad y Transporte Público Municipal, con el respaldo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, está plagado de inconsistencias.

De acuerdo al Reglamento Municipal de Transporte Público, en su Artículo 224, el Ayuntamiento podrá cambiar la ubicación de cualquier sitio, revocar, cancelar o suspender los permisos respectivos, previa audiencia del interesado, cuando se obstaculice la circulación de transeúntes, o se incumplan las obligaciones a cargo de los titulares de los permisos, o así resulte necesario para la implementación de programas de reordenamiento de transporte o vialidades, o por cualquier circunstancia que prevean las leyes aplicables.

Al especificarse la “previa audiencia del interesado”, es donde el gobierno municipal cayó en el incumplimiento del precepto, pues las autoridades actuaron de manera arbitraria, es por ello que el equipo legal del gremio de los Taxis Amarillos promovió un amparo.

Aunque las autoridades municipales se retuerzan del coraje por la suspensión provisional emitida por la magistrada Flora Arguilés y la acusen de corrupta, la razón legal está del lado del gremio de los trabajadores del volante.

Lo cierto es que al ser mayoría panista en el Congreso local, por supuesto que caminará el juicio político contra la Magistrada titular de la segunda sala del TCABC y seguramente veremos su destitución.

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s